viernes, 8 de febrero de 2013

¿LIBERALISMO O SOCIALISMO?

Comentando al filósofo Ralston: “No hay razón para salvar a los bancos”

W. Reynaga

¿Debe intervenir el estado en la economía? Una cuestión asentada en el escenario del debate económico y político a lo largo y ancho del mundo, pero, una cuestión mal planteada. Porque, de hecho, el estado no puede no intervenir en la economía. No existe caso alguno de economía moderna donde el estado no intervenga, de algún modo. Por eso, la cuestión correspondiente es: ¿cómo y en qué debe intervenir el estado en la economía, en que sentido y con qué alcances? Del mismo modo, la cuestión de la erradicación del mercado (pretendida por el socialismo clásico o comunismo) es también una falsa cuestión, porque ni el poder soviético en su mejor momento de dominio logró marginar del todo al mercado. Por naturaleza, la economía de estos tiempos modernos debe contar con el concurso del mercado y el estado. La cuestión es: en qué combinación.

Un punto de vista que supera la clásica contraposición entre liberalismo y socialismo (o intervencionismo), que parece ser también el punto de vista del filósofo John Ralston, en la entrevista titulada: “No hay razón para salvar a los bancos”, referida a la crisis económica actual en el mundo (http://elpais.com/elpais/2013/02/04/eps/1359975187_178411.html)

Un artículo que confirma la sospecha de que la crisis fue provocada por intereses de potentados y burócratas de los países desarrollados, coaligados  a favor de sus ambiciones a costa de la economía de la sociedad. Un hecho que estaría siendo reconocido gradualmente, como indica la demanda judicial que el gobierno de los EE.UU. ha anunciado plantearle a la “calificadora de riesgo” Standar and Poor’s.

El estado, el gobierno, tiene que intervenir en la economía de modo inteligente en función de los intereses de la colectividad. Y más aún en países como el nuestro donde la interacción social carga el lastre de la irracionalidad y abuso de la tradición asentada por la colonia feudal española. Es en esa línea que para Bolivia desarrollamos la propuesta de una Renta Social Básica (mensual y per cápita) a favor de la gente pobre y no tan pobre (el 65% de la población) para que adquiera en el mercado los servicios de educación, salud, seguridad ciudadana, justicia y más… a condición de que la producción de estos servicios pase al sector privado (1).

Esto es, que el estado cambie de estrategia de intervención, que deje de producir estos servicios y pase a subvencionar la demanda. Con lo que el mercado se encargará de racionalizar y optimizar la producción de los servicios ante la exigencia de una demanda en manos de los padres de familia. Mientras el estado hace honor a sus obligaciones para con el pueblo, dejando atrás su fama de mal administrador y corrupción.

Condiciones en la cuales el país mejoraría radicalmente la capacidad de sus recursos humanos para ponerse en condiciones óptimas para asumir los desafíos del desarrollo y la globalización. Una posibilidad asentada, ya no en la buena y variable voluntad de los líderes, sino en condiciones estructurales nuevas. Las que requiere el país para ponerse al nivel del siglo XXI y de los países altamente desarrollados del mundo.

El desarrollo es algo natural a la sociedad humana, y se da en la medida en que se levantan las  condiciones absurdas que la sujetan. Es ahí que están los problemas fundamentales del país. Donde la pobreza y la desigualdad como el atraso tienen sus causas en la heredada irracionalidad del sistema político y de gobierno. Lo que de partida exige nuevas formas en el sistema democrático en procura de su mejor desempeño. Formas nuevas, pensadas para nuestras concretas limitaciones y problemas.

(1)    Cfr. Reynaga, W. La sociedad postcapitalista Social Libertaria, 2012, ed. digital:

http://www.amazon.com/dp/B00A3GSH4M