Por Pablo Da Silveira
En: http://www.elpais.com.uy/08/05/31/predit_349490.asp
Participacionitis
El problema del socialismo, decía Oscar Wilde, es que requiere demasiadas noches por semana. En una sociedad donde todo se delibera y se decide en conjunto, no queda tiempo para casi nada.
La frase resultó falsa en el caso del socialismo, que terminó por concentrar el poder como nadie. Pero podría cumplirse si se aprobara el proyecto de Ley de Educación propuesto por el Ejecutivo. Con esa Ley, nuestra educación entraría en un estado de deliberación que exigiría las mañanas, tardes y noches de cada semana.
El artículo 12 del proyecto afirma que la participación es "un principio fundamental de la educación". El artículo 50 explica: "La participación de los educandos o participantes, docentes, madres, padres o responsables y de la sociedad en general, en la Educación Pública constituirá uno de sus principios básicos. Se promoverá el cogobierno en los ámbitos que corresponda, atendiendo los diferentes ámbitos y niveles educativos". El artículo 55 encomienda a ANEP la tarea de "promover la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo de la educación en la órbita de su competencia". El primer cometido del Codicen no es lograr que los alumnos aprendan, sino "promover un clima de participación democrática y propiciar en forma permanente una reflexión crítica y responsable en todo el ámbito organizacional" (art. 61). Lo mismo debe hacer cada Consejo desconcentrado (art. 65). El artículo 72 afirma el derecho de los alumnos a "participar, emitiendo opinión y realizando propuestas a las autoridades". Lo mismo vale para los padres (art. 75). El artículo 43 dice que cada centro de estudio debe contar con un proyecto educativo y agrega que "el proceso de formulación, seguimiento y evaluación" de ese proyecto "contará con la participación de los docentes del centro y se promoverá la participación de funcionarios, padres y estudiantes".
Estos principios se traducen en una maraña de organismos que opinan sobre todo pero no tienen responsabilidad sobre casi nada. El proyecto crea una Comisión Nacional de Educación de 22 miembros, entre los que habría representantes de los trabajadores, los empresarios, el movimiento cooperativo y las ONGs. Se supone que esa Comisión sería el "ámbito nacional de deliberación sobre políticas educativas" (art. 45), pero al mismo tiempo se da carácter de órgano permanente al Congreso Nacional de Educación (art. 46) y se confirma la existencia de las Asambleas Técnico Docentes (ATDs), que tendrán "derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación general" (art. 70). Debe existir una ATD para cada nivel de la enseñanza y una en cada centro educativo. También existirá en cada centro un Consejo de Participación integrado por estudiantes, docentes, padres y representantes de la comunidad (art. 76). Luego habrá una Comisión Consultiva en cada nivel de la enseñanza, que estará integrada por funcionarios no docentes, estudiantes y padres (art. 71). Y también una Comisión Nacional Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública (art. 111), que articulará con Comisiones Departamentales (art. 89).
Las superposiciones entre los cometidos de estos órganos son abrumadoras, pero la pregunta que importa es otra: mientras tanta gente se ocupa de deliberar, coordinar y negociar, ¿quién se ocupará de enseñar?
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